La Laguna creará la primera figura municipal de Canarias para la Defensa de las Personas con Discapacidad

Maqueta Tiflológica en la Casa de los Capitanes
Maqueta Tiflológica en la Casa de los Capitanes

La comisión plenaria de Bienestar Social y Calidad de Vida ha aprobado este lunes, por unanimidad, el Reglamento municipal del Consejo para la Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal del Ayuntamiento de La Laguna, un documento que incluye la creación del citado Consejo y de la figura del Defensor o Defensora de las Personas con Discapacidad de la localidad, la primera de su tipo en Canarias y cuyo titular será designado por el Consejo y ratificado por el Pleno después del verano. El Reglamento se elevará al Pleno de este jueves para su aprobación inicial, tras lo que se abrirá un mes de exposición pública y, si no hubiera alegaciones, se dará por aprobado definitivamente y se convocará oficialmente el primer pleno del Consejo.

El concejal de Bienestar Social, Rubens Ascanio, destaca que la creación de estos organismos supone que “La Laguna dé un gran paso para que los más de 17.000 vecinos y vecinas de Aguere con alguna discapacidad y sus familias tomen parte en las decisiones que les afectan y para promover la eliminación de barreras físicas y sociales que obstaculicen su desarrollo pleno”.

Ascanio señala que “seguimos trabajando en políticas eficaces y reales para que la Administración sea más cercana a la ciudadanía, a sus problemas y necesidades, a sus inquietudes y modos de vida”. En este caso, valora además la apuesta de todo el municipio por crear “espacios de participación social y establecer medidas para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, planteado desde la autonomía personal, la no discriminación, la acción positiva y la accesibilidad universal”.

El primer paso tras la entrada en vigor del Reglamento será la constitución en pleno del Consejo para la Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal del Ayuntamiento de La Laguna, un órgano sectorial, consultivo y permanente de participación en relación a la atención de las personas con discapacidad y sus familias, a través de las organizaciones que las representan, haciéndoles protagonistas de la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas municipales en este sector.

Cargo honorífico

La figura del Defensor o Defensora de las Personas con Discapacidad será designada por el Consejo y ratificada por el Pleno de la Corporación, y su fin principal será proteger y defender los derechos de las personas con discapacidad del municipio, un cargo que ostentará durante un periodo de cuatro años y que, al tener carácter honorífico, no estará remunerado ni implicará relación contractual, laboral o administrativa con el Ayuntamiento.

Para el ejercicio de sus funciones, contará con el apoyo del Consejo y el Área de Bienestar Social, así como con los recursos suficientes para garantizar la realización de su actividad, y mantendrá estrechas relaciones de coordinación y cooperación con el Diputado del Común y el Defensor de Pueblo para todos aquellos asuntos que sean de interés común.

Se ubicará en el Centro de Entidades de Voluntariado y Asociaciones (CEVA) Anchieta y ejercerá sus funciones con total independencia y objetividad, de modo que no recibirá instrucciones de ninguna autoridad y ejercerá sus funciones con total autonomía y según su criterio, investigando y resolviendo las quejas formuladas. Incluirá sus actuaciones en un informe trimestral que remitirá a la Presidencia del Pleno del Consejo.

Entre sus funciones se incluyen vigilar el cumplimiento de la normativa vigente sobre discapacidad, velar por el cumplimiento de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad, atender las reclamaciones y solicitudes presentadas por el colectivo o personas físicas, elevar propuestas a la Corporación, favorecer el impulso de campañas de sensibilización social y prestar una especial atención y protección hacia aquellas personas con un mayor grado de discapacidad, para evitar situaciones de desamparo.

Requisitos para el nombramiento

Podrá aspirar a este cargo cualquier persona residente en La Laguna, de independencia y objetividad acreditada y de reconocido prestigio e idoneidad para este cargo, con conocimiento sobre la discapacidad y promoción de la autonomía o experiencia con este sector de población,  y que no esté sujeto a cualquier causa de incompatibilidad, como ser representante político electo, ostentar un cargo político de libre nombramiento o ser  directivo en la Administración, empresas públicas o entidades dependientes de estas.

También se considera causa de incompatibilidad prestar o haber prestado servicio en el Ayuntamiento de La Laguna o en sus organismos autónomos, entidades públicas y sociedades mercantiles; el ejercicio de las carreras judicial, fiscal y militar; la afiliación a partidos políticos, sindicatos de trabajadores o asociaciones empresariales, así como ostentar cualquier cargo directivo o relación con empresas que operen en el sector de servicios que afectan a este colectivo. Si la incompatibilidad fuera sobrevenida una vez tomada la posesión del cargo, se entenderá que renuncia al mismo en la fecha en que aquella se hubiera producido.

La Defensora o Defensor de las Personas con Discapacidad podrá iniciar sus actuaciones, de oficio o a instancia de parte, para esclarecer los actos y resoluciones de la Administración municipal y de sus agentes, en relación con el colectivo de personas con discapacidad. Podrá dirigirse a esta figura toda persona natural o jurídica, que manifieste un interés legítimo, para solicitarle que actúe conforme a la queja que formule, siempre relacionada con el ámbito municipal.

Discreción y gratuidad

No será impedimento la nacionalidad, la residencia, la minoría de edad, el internamiento en un centro ni, en general, cualquier relación de sujeción o dependencia especiales de una administración o de un poder público. Todas las actuaciones que se tengan que llevar a cabo en una investigación se realizarán con la reserva y discreción más absoluta y serán gratuitas para la persona interesada.

No iniciará actuaciones o investigaciones sobre asuntos que estén siendo objeto de procedimiento judicial, ni de los cuales tuviera conocimiento el Diputado del Común o el Defensor del Pueblo. Sí podrá formular a los organismos y autoridades afectadas advertencias, recomendaciones, sugerencias y recordatorios relativos a sus deberes legales, en los casos que estime procedentes.

Con la creación de estas nuevas instituciones públicas municipales, La Laguna quiere promover el bienestar, la independencia y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, en virtud de los principios de eficacia, seguridad jurídica y  trasparencia.