El Ayuntamiento de La Laguna ha dado hoy un nuevo paso en sus políticas en materia de vivienda al aprobar, con el voto unánime del Pleno, una moción institucional por la que solicita a las administraciones implicadas que movilicen los activos inmobiliarios de titularidad estatal y gestionados por SAREB y CASA 47 (antigua SEPES) en el municipio, con el objetivo de destinarlos a vivienda social y asequible. El acuerdo plantea un marco de trabajo conjunto con el Gobierno de Canarias y la Administración General del Estado para identificar, evaluar y activar inmuebles que puedan incorporarse al parque público.

El acuerdo considera las competencias actuales e insta al ejecutivo regional a que realice un análisis técnico y jurídico exhaustivo de los activos estatales existentes en el Archipiélago, con especial atención a los ubicados en La Laguna, y a que promueva, a partir de ese diagnóstico, los instrumentos de colaboración necesarios con el Gobierno del Estado y las citadas entidades públicas.

El objetivo es identificar qué inmuebles pueden destinarse a vivienda protegida o de alquiler asequible, cuáles se encuentren en condiciones de uso inmediato, en qué casos su rehabilitación es técnica y económicamente viable, así como su puesta en uso lo más rápidamente posible.

La moción institucional aprobada también subraya la importancia de que los ayuntamientos participen activamente en el diseño y ejecución de estos acuerdos, facilitando que entidades municipales, como MUVISA en La Laguna, puedan asumir tareas de gestión, intermediación o puesta en uso de estas viviendas.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, destacó que este acuerdo “refuerza la línea de trabajo que estamos desarrollando para ampliar el parque público de vivienda con rigor, cooperación institucional y seguridad jurídica”. Subrayó que la aprobación unánime de la moción “demuestra que la vivienda es una prioridad compartida por todas las formaciones y que La Laguna está actuando con responsabilidad y paso firme”.

Gutiérrez recordó que el municipio está impulsando simultáneamente nuevas promociones de vivienda protegida, programas de rehabilitación de miles de inmuebles, iniciativas de movilización de vivienda vacía y la creación del Observatorio Local de Vivienda, aprobado recientemente por el Pleno. “Este acuerdo es una pieza más dentro de una política municipal de vivienda que combina rigor, datos, planificación y alianzas con otras administraciones para ofrecer respuestas eficaces a las necesidades de la ciudadanía”, afirmó.

El concejal de Vivienda, Adolfo Cordobés, explicó que el texto aprobado “permite avanzar desde un marco realista y jurídicamente sólido, fruto de un extenso análisis y ajustado a los procedimientos que rigen la gestión de estos activos estatales. Lo que aprobamos hoy es una vía eficaz, compatible con la normativa y con los precedentes existentes; un camino que permite resultados y que sitúa a La Laguna en una posición activa para aprovechar cualquier oportunidad que pueda surgir en la movilización de estos inmuebles estatales”.

Cordobés recordó que la ampliación del parque público requiere “la movilización coordinada de todos los niveles de la Administración” y que cualquier actuación sobre bienes de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) y de la entidad pública empresarial CASA 47 debe basarse en análisis previos y convenios formales, dado que estas entidades operan bajo un régimen jurídico específico.

Así, la moción aprobada solicita a las administraciones supramunicipales que promuevan “un marco de colaboración para identificar, evaluar y movilizar aquellos activos estatales que puedan destinarse a políticas públicas de vivienda, siempre dentro de la legalidad vigente y evitando generar expectativas no ajustadas a la realidad jurídica o técnica”.

En este sentido, recuerda que la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, así como la normativa reguladora de SAREB y de CASA 47 establecen procedimientos específicos para la cesión, uso o puesta a disposición de bienes inmuebles, que requieren análisis técnico previo, viabilidad jurídica y acuerdos interadministrativos formales.