La Comisión Plenaria de Ordenación del Territorio y Patrimonio del Ayuntamiento de La Laguna, integrada por representantes de todas las formaciones políticas con presencia en la Corporación municipal, ha aprobado la derogación de la Ordenanza específica reguladora de las ayudas a la rehabilitación de inmuebles de interés patrimonial, del año 2020, con el objetivo de que estas subvenciones pasen a regirse por la Ordenanza General de Subvenciones, vigente desde mayo de 2025, así como por las bases específicas de cada convocatoria.

La propuesta parte de la experiencia acumulada durante la aplicación de esta línea de ayudas y persigue simplificar los procedimientos administrativos asociados a su gestión. Con este cambio, el Ayuntamiento pretende eliminar duplicidades normativas, unificar criterios de tramitación y facilitar una gestión más eficiente de futuras convocatorias, manteniendo, al mismo tiempo, los requisitos, controles y objetivos de protección del patrimonio que caracterizan estas subvenciones.

El alcalde de La Laguna y presidente de la comisión, Luis Yeray Gutiérrez, señala que "la propuesta analizada responde a la necesidad de adaptar la gestión de estas ayudas al marco normativo municipal actualmente vigente, incorporándolas al sistema general de subvenciones del Ayuntamiento y favoreciendo una tramitación más homogénea y coordinada de los distintos procedimientos administrativos".

El alcalde añade que "la existencia de una ordenanza general permite disponer hoy de herramientas normativas que no existían cuando se aprobó la regulación específica de 2020, por lo que resulta razonable adecuar estas ayudas al modelo común que rige actualmente para el conjunto de las convocatorias municipales".

Por su parte, el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, explica que "la experiencia de estos años ha permitido identificar aspectos susceptibles de mejora relacionados con la gestión administrativa de las convocatorias y que quedaban restringidos por esta norma, especialmente, en cuestiones vinculadas a los plazos de tramitación, la coordinación de documentación procedente de distintos servicios municipales y la gestión económica de los expedientes".

El edil destaca que "la propuesta mantiene el mismo objetivo de apoyo a la conservación y rehabilitación de inmuebles protegidos del municipio, pero plantea una regulación igual de segura pero más adaptada al marco administrativo actual, con el fin de facilitar la gestión de futuras convocatorias y contribuir a que los procedimientos puedan desarrollarse con mayor agilidad".

Entre las cuestiones detectadas durante la aplicación de la ordenanza específica, figuran determinadas dificultades derivadas de los plazos necesarios para completar algunos trámites urbanísticos vinculados a las actuaciones subvencionables, la gestión presupuestaria de convocatorias, cuya ejecución se extiende más allá de un único ejercicio económico, y los tiempos requeridos para culminar la justificación de las ayudas una vez ejecutadas las obras.

La propuesta plantea que las futuras convocatorias continúen contando con bases específicas adaptadas a las características de los inmuebles protegidos y a las singularidades de las actuaciones patrimoniales subvencionables. De este modo, los criterios técnicos de valoración, los requisitos de protección patrimonial y las condiciones de acceso a las ayudas seguirán definiéndose de forma específica para cada convocatoria.

Tras el dictamen favorable de la Comisión de Patrimonio, la propuesta deberá someterse a la aprobación inicial del Pleno municipal y, una vez adoptado dicho acuerdo, se abrirá el correspondiente periodo de información pública para la presentación de alegaciones o reclamaciones. Finalizado este trámite y resueltas, en su caso, las observaciones que pudieran formularse, la derogación podrá elevarse a definitiva y entrar en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Mientras tanto, las ayudas continuarán rigiéndose por la normativa actualmente vigente.